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Cómo los que legislan no lo hacen pensando con una visión de conjunto

GUILLERMO PIEDRABUENA KEYMER

Hace poco me enteré que un grupo de personas, cuya identidad desconozco, por la fuerza se tomó un pequeño terreno que tenía cerca del mar. Mi intención era construir una modesta casa de veraneo para que, en las fechas importantes, nos reuniéramos en familia junto a mis hijos y nietos, pero no lo podré hacer porque mi abogado me explicó que la ley actual no contempla un procedimiento expedito para que el juez ordene el inmediato desalojo de la
propiedad.


El abogado además me dijo que la única forma que la ley permite a las policías desalojar a dichos ocupantes era que dentro de las 24 horas de producida la “toma” se hubiera denunciado el hecho a carabineros, la PDI o a la Fiscalía. Me señaló que en estos casos estaríamos frente a un delito “flagrante”, es decir, sería un hecho ilegal que se habría cometido o se acababa de cometer, en cuyo caso las policías junto con desalojar la propiedad podrían detener a los ocupantes y ponerlos a disposición del tribunal.


Lamentablemente, como le consulté tarde al abogado, ya no tengo la opción de denunciar dentro de plazo la comisión de un delito “in flagrante”, por lo que según el abogado la única opción legal es iniciar un largo juicio en contra de los ocupantes, lo cual se me hace imposible por falta de dinero y ya a mis 90 años no estoy con ánimo de estar peleando en los tribunales.


Lo narrado más arriba es una realidad que frecuentemente enfrentan persona o instituciones que son víctimas de tomas violentas o clandestinas de sus propiedades por personas muchas veces desconocidas, que por alguna razón sus propietarios no están ocupando y que no existe un procedimiento ágil y expedito que les permita recuperar la propiedad en un breve plazo, salvo que se denuncie la comisión de un delito flagrante.


En un intento por llenar un vacío legal, recientemente un grupo de diputados ha presentado un proyecto de ley de un solo artículo, que faculta al juez ordenar el inmediato desalojo de una propiedad cuando ha sido tomada ocultamente o por la fuerza.

Sin embargo, tal como está es difícil que dicho proyecto se convierta en ley, ya que, si bien protege el derecho de dominio del propietario que violenta o clandestinamente ha sido despojado de su propiedad, el proyecto no aborda el debido proceso que en todo estado de derecho les corresponde a las personas que serían eventualmente desalojadas.


Una buena fórmula para resguardar tanto el derecho de propiedad del dueño del inmueble como los derechos de los que ocupan por la fuerza u ocultamente, podría ser que por un lado se permitiera al juez, a solicitud de parte, ordenar el desalojo inmediato siempre y cuando el interesado pruebe que es el dueño y que la propiedad se encuentra ocupada por terceros aunque se ignore su identidad y por otro lado los que fueran desalojados pudieran reclamar dentro de cierto plazo al mismo juez u otro competente, con la obligación de probar que tenían título para usar o gozar de la propiedad o que la denuncia era falsa.


De esta forma, se aplicarían criterios similares que el ordenamiento jurídico contempla en los casos que puedan vulnerarse derechos fundamentales, tales como en el derecho de familia y en la legislación laboral.


En conclusión, hace falta mejorar la legislación dotando a las víctimas de este tipo de legalidades de una solución rápida (acción de amparo del dominio) cuando es despojado del derecho de propiedad. La iniciativa parlamentaria es insuficiente porque solo mira la mitad del vaso vacío y administra justicia para solo una de las partes.

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