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ALTOS PRECIOS DE NOTARÍAS Y ARCHIVOS JUDICIALES

Hoy tuve que ir al Archivo judicial de San Miguel, para pedir se desarchivara un viejo expediente judicial del año 2012. Cuando llegue a la dirección que me daba google maps, me dí cuenta de que era un pequeño local y que además era una notaría. Al parecer, la persona que hacía de notario también tenía el cargo de Archivero Judicial, cosa que es muy común. 

Saqué numero. Mientras esperaba vi un cuadro colgado en la pared, éste era el Decreto Supremo del Ministerio de Justicia que regulaba los precios del Archivo Judicial (precio que debería pagar en unos minutos más). En éste, que era del año 1998, se señalaba que el trámite de desarchivar un expediente costaba $650. 

Cuando me llamaron al módulo entregué la resolución que ordenaba el desarchivo y el funcionario me dijo que eran $5.000. Le señalé que el cartel indicaba $650, que por qué no me cobraban eso, si era un decreto supremo el que lo ordenaba. El funcionario se desentendió. Solo pague y fui de nuevo al cartel, abrí en mi teléfono el safari y busqué una calculadora de IPC, para ver si el precio actual era por la inflación. El resultado fue que desde 1998 a la fecha había una inflación de 101%, lo que equivalía a un valor de 1.350.

Llamé al Archivero judicial y le pregunté por qué cobraban $5.000 si el cartel indicaba un precio inicial de $650 (que con la inflación no era más de mil quinientos pesos). El Archivero me confesó que había ganado el puesto hace 2 años y que había bajado el precio de $8.000 a $5.000. Le pregunté sí le era rentable, para sostener el lugar, cobrar el precio de $1.350, me dijo que no, que la verdad como archivero no tenía números positivos, sino que eran los ingresos como notario los que pagaban los costos de archivero judicial. En otras palabras, ser archivero judicial no le generaba ganancias, sino puras pérdidas.

Al comprender un poco la situación, me disculpé, le dije que agradecía su respuesta y que saldaba muchas dudas. Pero ahora con la mente fría quisiera hacer un papel más crítico. No sé quien es el malo de la película, el archivero o el Ministerio de Justicia que impone precios que en la práctica hacen insostenible mantener un archivo judicial. Se puede imputar al ministerio de justicia la total desactualización e irresponsabilidad en este tema, pues al final las normas que dictan no tienen aplicación.

Sin embargo cabe hacerse esta pregunta: Si al archivero judicial no le era rentable cobrar el precio del arancel legal ¿Por qué sería él la persona indicada de ser el Archivero Judicial? Claro, se supone que el estado dá un montón de privilegios económicos a quien ostenta estos cargos: le otorgan un monopolio legal del cual la gente deberá recurrir sí o sí cuando tengan que hacerlo (ellos no tienen competencia alguna en el mercado). Y aún así, este caballero lloriqueaba que no le era rentable. De ninguna forma pareciera que esté haciendo un favor a la ciudadanía.

Hay que replantearse a quienes se les dan estos privilegios. Es claro que existen varias estratégias comerciales para sí rentabilizar el monopolio legal del archivo judicial. En principio el archivero me hablaba de gastos en arriendo, y claro si esta muy caro el mercado inmobiliario; pero la idea de no necesitar realmente un espacio físico no es tan absurda. 

Por último, si realmente no es rentable, tal vez las políticas públicas deberían apuntar a no entregar concesiones a estos privados, pues no parecen desempeñar de la mejor forma este oficio, lo cual trae altos costos al ciudadano común.

Tenía que sacarme esto de la cabeza, pues hace mucho tiempo que lo he estado analizando, ahora tuve la oportunidad de saber directamente la razón del sobrevalor de los precios.

Si tienes una opinión, réplica, comentario o simplemente quieres escribir un artículo por favor escribeme a gnpiedrabuena@defensa-ciudadana.com

Guilermo Nicolás Piedrabuena Parrochía, Defensa Ciudadana

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